El sistema de Barrancas del Cobre, ubicado en la Sierra Tarahumara, es un territorio donde la naturaleza y la cultura rarámuri conviven bajo la presión del turismo masivo. Autoridades locales y federales promueven el tren Chepe y las actividades de aventura como motores económicos, pero líderes comunitarios advierten sobre los riesgos de una explotación descontrolada. En 2025, la Secretaría de Turismo de Chihuahua implementó un programa de «turismo comunitario» que busca que el 30% de los ingresos generados por visitantes permanezcan en manos de cooperativas rarámuri, un avance en la formalización de beneficios.
Sin embargo, informes de organizaciones civiles señalan que solo el 12% de los negocios en Divisadero y Creel están registrados como empresas locales o indígenas. El resto corresponde a cadenas hoteleras y operadores turísticos externos, lo que genera desconfianza entre las comunidades. «Queremos que el turismo nos incluya, no que nos arrincone», declaró un representante del Consejo Rarámuri de Creel en una reunión con autoridades en 2026. La tensión se agudiza en zonas como Bahuichivo, donde la apertura de nuevos miradores ha generado conflictos por el uso de tierras ancestrales.
El gobierno estatal argumenta que el turismo es una alternativa al narcotráfico y la migración, dos problemas históricos en la región. En 2025, el presupuesto para el programa «Chepe Turístico» aumentó un 40%, destinando recursos a capacitación de guías locales y señalización bilingüe (rarámuri-español) en senderos. No obstante, críticos como la organización Sierra Madre Viva señalan que estas medidas son insuficientes sin una regulación estricta sobre el acceso a los cañones y el comercio de artesanías. «El turismo puede ser una bendición o una maldición», advierte su director, «depende de quién controle los beneficios».
Otro punto de conflicto es la infraestructura. Aunque el tren Chepe es operado por Ferromex —empresa concesionaria—, el gobierno federal ha invertido en mejoras como vagones con acceso para personas con discapacidad y paradas más largas en Creel para fomentar el turismo interno. Sin embargo, la falta de mantenimiento en vías secundarias y la escasez de señal telefónica en zonas serranas limitan la conectividad y el desarrollo de negocios locales. En 2026, la CONAGUA reportó que el 60% de los ríos en la región presentan niveles de contaminación por desechos de hoteles y restaurantes no regulados.
Para mitigar estos efectos, el Parque Barrancas implementó en 2025 una política de «cupo máximo» en actividades de aventura y cobra una tarifa de recuperación ambiental que se destina a limpieza de senderos. Aunque estas acciones son bien recibidas, organizaciones como Rarámuri por la Tierra exigen que se reconozca legalmente a las comunidades como «guardianas del territorio», un estatus que les daría poder de veto sobre proyectos turísticos. «No somos folclore, somos dueños de este paisaje», afirma un anciano rarámuri entrevistado en Cerocahui.
La discusión trasciende lo local. En mayo de 2026, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al gobierno de Chihuahua por no consultar a las comunidades antes de aprobar la ampliación del teleférico en Divisadero. El documento subraya que, según el Convenio 169 de la OIT, los pueblos indígenas deben participar en decisiones que afecten sus tierras. Mientras tanto, el tren Chepe sigue siendo el símbolo de un modelo turístico que, según sus defensores, ha reducido la pobreza en un 15% en Creel desde 2020, pero que, para sus críticos, sigue siendo un «parche» sin visión a largo plazo.
El futuro de Barrancas del Cobre dependerá de si el turismo se convierte en una herramienta de empoderamiento indígena o en otro ejemplo de cómo el «desarrollo» excluye a quienes habitan el territorio. Lo que es claro es que, sin un marco legal robusto y participación real de los rarámuri, el paisaje más imponente de México podría perder su alma antes de perder su belleza.